Telecomunicaciones: Declaración conjunta del Comité Nacional y de la Convención Nacional de la UCR

El gobierno cumplió una década de gestión al frente de la Secretaría de Telecomunicaciones, primero en cabeza de Guillermo Moreno, de 2003 a 2006, luego de Lisandro Salas, hasta marzo de 2013. El secretario actual, Norberto Berner, asume pese a haber sido, hasta hace pocos días, Director de Telecom.

En este período se verificó una concentración creciente del mercado, un notorio atraso reglamentario frente a la aparición de nuevas tecnologías, el congelamiento del uso del espectro radioeléctrico frente al avance del resto de los países latinoamericanos, la falta de control sobre la calidad de los servicios y una creciente desprotección de los usuarios.
En los hechos, se ha producido un cierre del mercado a la competencia, contradiciendo lo establecido por la Ley Nº 25.000, que estableció la libre prestación de servicios, sin restricción alguna. Asimismo, capítulos enteros del marco regulatorio actualmente vigente, Decreto N. 764 del año 2000, han sido flagrantemente incumplidos, siempre en beneficio de los prestadores dominantes y en perjuicio de los usuarios.
La Secretaría de Comunicaciones ha congelado el otorgamiento de nuevas licencias, que se otorgan con demoras de años, transformándose en una valla casi insalvable para nuevos prestadores. Se obtura así la entrada a nuevos prestadores, especialmente los emprendimientos pequeños y medianos del interior del país, que podrían aportar competencia en zonas en donde se mantiene el monopolio de hecho de las dos empresas telefónicas.
El mercado se ha concentrado ilegítimamente. El marco regulatorio establece que las dos empresas sucesoras de ENTel no pueden tener ni accionistas, ni acuerdos comunes de ningún tipo. Empero, desde hace ya seis años, Telefónica de España, titular de Telefónica de Argentina, se transformó en el principal accionista de Telecom Italia, dueña de Telecom de Argentina. El Estado ha constatado y permitido esa concentración, pese a violar las normas vigentes desde el inicio de la privatización.
En una década no hubo ninguna licitación de numerosas frecuencias del espectro radioeléctrico que quedan vacantes. Esta es una de las causas principales del mal funcionamiento de los servicios celulares, que usan el mismo ancho de banda hoy, con más de 50 millones de líneas en funcionamiento, que cuando había diez veces menos usuarios, al inicio de la década. Pasamos de tener uno de los servicios móviles líderes de la región a ser el país con menos espectro disponible y con mayor retraso en la implementación de 4G, el nuevo estándar celular que ya se está licitando o instalando en ocho países latinoamericanos. Además, la falta de licitaciones impidió el desarrollo de la tecnología Wimax, indispensable para cubrir localidades del interior con servicios inalámbricos de acceso a Internet y telefonía.
El servicio universal, al que se le debía destinar el 1% de los ingresos brutos de todas las compañías de telecomunicaciones, está recién iniciando su aplicación, tras una década de rémoras. Asimismo, la portabilidad numérica, ordenada por los reglamentos vigentes, solo fue aplicada a instancias de una asociación de consumidores que, en primera y segunda instancia judicial, impuso su reclamo frente a la negativa de la Secretaría de reconocer ese derecho de los usuarios. La portabilidad cumplió un año, no se controla y es la que ha dado más bajos resultados de migración de América Latina.
Los servicios móviles lideran las quejas de los usuarios entre todos los servicios públicos, ya sea por sus deficiencias técnicas como por el abuso de cláusulas leoninas, de contratos de adhesión que encadenan a los usuarios. Durante toda la década, pese a los notorios avances tecnológicos en materia celular y su universalización, no se ha modificado ni el reglamento del cliente del servicio celular, ni los parámetros de control del servicio.
El Estado, a través de Arsat, emprendió la fabricación de tres satélites para no perder el derecho de ocupar las órbitas satelitales reservadas para la Argentina por la UIT. Arsat ha sido también encargada de instalar la plataforma tecnológica para la televisión digital terrestre, la red federal de fibra óptica, que se proyecta a unos 25.000 kilómetros, así como, recientemente, recibió el otorgamiento de las frecuencias que, usadas por Movicom, tuvieron que ser devueltas al Estado tras la fusión de esa empresa con Unifón, hoy Movistar. Mención aparte debe ser hecha de su intervención en la conectividad de los sitios remotos del Plan Conectar Igualdad, lo que constituye una de las medidas claramente más valorables de esta década.
Debe observarse que el conjunto de los emprendimientos confiados a Arsat, que implican una importantísima erogación presupuestaria, se ha realizado sin un plan público, sin un sistema participativo y audiencias públicas que expliciten los objetivos a alcanzar, que aseguren una inversión racional y apropiada para las necesidades de mediano y largo plazo del país.
El acceso a la banda ancha, que debiera ser una de las principales preocupaciones para permitir el desarrollo económico y luchar contra la exclusión digital, mantiene severas falencias. El 70% del territorio, donde vive el 30% de la población argentina, accede a Internet con velocidades similares a las que ofrecía el acceso dial up, quince años atrás. En las zonas urbanas, la velocidad ofrecida es mayor, pero es la mitad de la que se brinda en Uruguay y una quinta parte de los países de la OCDE.
El gobierno de las telecomunicaciones generó concentración del mercado, la pérdida de opciones de servicio para el usuario y un atraso relativo respecto a crecimiento de los demás países de la región. Medidas positivas, como ser el desarrollo de la televisión digital terrestre, la inversión en nuevas infraestructuras o la conectividad educativa se realizan empero en el marco de una absoluta discrecionalidad, sin que planes, metas y métodos tengan debate público o intervención de la ciudadanía, la academia o los actores del mercado.
En síntesis, pese a las diferencias sólo aparentes, se verifica que, tanto en la década menemista como en esta década, el Estado ha adoptado el mismo comportamiento, salvo cuando fuera obligado por la Justicia: el gobierno privilegió su relación directa y los intereses económicos de las empresas telefónicas y celulares. Toda vez que ha podido torcer o dejar de aplicar las normas, lo ha hecho, para beneficio de las empresas y en contra de la competencia y de los derechos del usuario a recibir servicios más eficientes. La Argentina perdió el liderazgo que tuvo en telecomunicaciones y está en claro descenso, superada ya por más de cinco países de la región.
Mario Barletta
Presidente
Comité Nacional
Unión Cívica Radical
Lilia Puig de Stubrin
Presidente
Convención Nacional
Unión Cívica Radical
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